Las acciones que el Estado de Israel ha perpetrado durante los últimos 74 años sobre el pueblo palestino, se resumen en masacres, sometimiento a condiciones de vida inhumanas, destrucción de sus símbolos e infraestructura y desplazamiento de las tierras que legítimamente pertenecen al Estado de Palestina.
Lo que voceros oficialistas israelíes y medios de propaganda sionista han tratado de imponer es el relato de una historia con inicio el 7 de octubre de 2023, fecha del trágico ataque de Hamas contra población israelita. Más allá que el mundo sabe sobre décadas de agresiones de los gobiernos sionistas de Israel contra Palestina, el propósito de hoy no es discutir la razón o razones del conflicto, sino la ausencia de razón que justifique los crímenes que comete Israel, en cualquier escenario.
El propósito de esta nota es enfocarnos en la caracterización de las acciones del gobierno de Israel y su ejército, especialmente agravadas en los últimos siete meses. Para ello, abordamos conceptualmente las definiciones y marco jurídico, para comprender el alcance y las responsabilidades por las que el gobierno de Israel está obligado a responder ante la comunidad internacional.
Raphael Lemkin fue un jurista polaco judío, refugiado en EEUU tras la persecución nazi. Desde la gran potencia norteamericana, fue un activista en la denuncia de los crímenes del nazismo en Europa. Parte de su legado es el impulso de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio” y la definición del concepto de “genocidio”
Básicamente, se entiende por genocidio al “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.”
Asimismo, entiéndase como exterminio “la imposición intencional de condiciones de vida, tales como la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de una población o parte de ella”.
En su libro “El dominio del eje sobre la Europa ocupada” (1944), Lemkin define genocidio como “La puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento.” (Lemkin, Cap. 9, Sec. 1).
Las acciones militares de Israel sobre el territorio y poblaciones palestinas, claramente encajan en esa definición.
Siguiendo al historiador español Antonio Elorza, la aprobación de la Convención contra el genocidio dio lugar a la creación del Tribunal Internacional de Justicia (Elorza, 2014)
Tan es así que en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta (Resolución 260 mediante) la referida Convención, en la cual se define el genocidio como un delito perseguible por el Derecho Internacional.
El artículo 1º de la referida Convención establece que “Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.” (Resolución 260, Biblioteca Digital de ONU)
Paradójicamente, fue un jurista judío refugiado en EEUU quien luchó para establecer el genocidio como delito internacional; pero hoy Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, encabeza el exterminio del siglo XXI con la complicidad de EEUU.
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